El Poder Ejecutivo (PE) dio un paso clave en la Legislatura para cerrar la historia del proyecto de remodelación del ex hotel Savoy (Sarmiento y Maipú), que incluía un centro de convenciones.
Los parlamentarios avalaron en la última sesión -el lunes- la iniciativa de la Casa de Gobierno que autoriza a la Caja Popular de Ahorros (CPA) a rescindir el contrato de concesión del histórico edificio que otrora ocupaba parte del Poder Legislativo.
En la “novela” de la puesta en valor del Savoy se habían escrito varios capítulos de controversia política por la protagonista de la explotación del inmueble, la empresa Impresora Internacional de Valores S.A.I.C. (Ivisa). Se trata de la firma -con estrechos lazos con el Gobierno provincial- que explota las máquinas tragamonedas del Casino.
En abril de 2012, con el rechazo de toda la oposición, el oficialismo había impulsado la sanción de una ley para ceder durante 50 años (hasta 2062) el edificio a Ivisa. A cambio, la empresa debía hacer una inversión de $ 75 millones. El acuerdo se firmó en agosto. Durante más de un año el proyecto tuvo idas y vueltas por las observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) y de la comisión de Patrimonio de la Provincia.
En septiembre del año pasado, la firma anunció intempestivamente que no podría cumplir con el trato por “razones de fuerza mayor”. Fuentes del Ejecutivo afirmaron entonces que no tenían un “plan B”. Reconocieron ahora que el destino del ex Savoy no es una prioridad, con la campaña electoral en marcha y la cercanía del final del tercer mandato del gobernador, José Alperovich.
“Catarata de argumentos”
El presidente de la comisión de Hacienda, el oficialista Ramiro González Navarro, fue el encargado de repasar la historia del acuerdo, que había derivado en la sanción de la Ley 8.492. Explicó que Ivisa notificó al Gobierno de que el motivo de su desistimiento fue que no estaban dadas las condiciones en el suelo para desarrollar el plan de obras aprobado y que modificarlo dispararía los costos más allá de sus posibilidades. Precisó que se incluye una cláusula en la que Ivisa desiste de posibles reclamos por daños y perjuicios.
La oposición no tardó en recordar a la bancada mayoritaria “Tucumán Crece” que en 2012 había advertido sobre la inviabilidad del plan. “Dimos entonces una catarata de argumentos para que no lo aprobaran y no fuimos escuchados. Nos hicieron perder tres años a los tucumanos. Y la Provincia no reclamará nada”, se quejó Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
José Páez (Democracia Cristiana) criticó que se haya dado la concesión a una empresa “sin buenos antecedentes”.
Ivisa desembarcó en Tucumán en 1999, como prestadora del servicio de automatización de quinielas. Luego, además del permiso para explotar 200 tragamonedas, obtuvo créditos de la Caja por $ 13 millones.